Es difícil, aunque no imposible, encontrar en los medios de comunicación una versión diferente a la adoptada por las grandes compañías energéticas referente a las propuestas de la CNMC sobre el nuevo marco regulatorio.
Las páginas se han llenado de adjetivos como recortes, hachazo, barbaridad o cualquier otro que destile un claro rechazo a estas propuestas.
Analicemos toda la información, haciendo una síntesis de diferentes artículos de prensa escrita, para tener una visión global y profundicemos, manteniendo un pensamiento crítico, tratando de averiguar así el trasfondo de la situación que vivimos y cómo hemos llegado hasta aquí.
Sin duda, el escenario abierto es de máxima importancia para las plantillas de las compañías en cuestión, pero no hay que olvidar es también un asunto que concierne a todos los ciudadanos.
Las propuestas de la CNMC consisten en la aprobación de unas circulares para modificar el método de cálculo del negocio más seguro del país: transportar y distribuir electricidad a través de redes que reciben una rentabilidad fija anual. El resultado es un importante recorte en los ingresos regulados de las empresas.
Según argumenta la CNMC, este nuevo criterio permitirá una rebaja de los peajes que pagan los consumidores a través de la factura de la luz, por lo que supondrá un abaratamiento de la misma, al mismo tiempo que garantizará una rentabilidad “razonable” para las empresas reguladas.
La CNMC considera que los ingresos que han recibido éstas han sido excesivos durante mucho tiempo, atrayendo así a agresivos fondos de inversión extranjeros que presionan en dos direcciones: mantener altas rentabilidades y animar a las grandes propietarias de las redes a realizar sólo inversiones que aseguren jugosos dividendos. De esta manera, en Naturgy sólo se invirtió, en el primer semestre de 2019, en proyectos basados en los criterios de rentabilidad fijados en la hoja de ruta del plan estratégico, diseñado por Reynés, para el beneficio de los accionistas mayoritarios: CVC, GIP, ALBA (familia March).
La voracidad de estos fondos buitre que acuden en masa a nuestro país para apoderarse de un negocio sin apenas riesgo, hizo que se generase en los gobiernos (de uno y otro partido político) y en los organismos públicos, una desconfianza total hacia los gestores de redes y propietarios de las mismas.
“La avaricia rompe el saco.”
La CNMC se puso manos a la obra y en 2017 publicó un informe sobre lo que realmente cobraban las empresas por la distribución. Según dicho estudio, se había registrado un incremento de la rentabilidad económica llamativa:
La rentabilidad para el accionista superaba el 10% en todas las empresas examinadas: Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, etc.
Los fondos de inversión se han apoderado de un negocio cuyo beneficio depende del BOE, obteniendo rentabilidades superiores a las que obtienen de las empresas de telecomunicaciones, la moda o la alimentación, por poner unos ejemplos.
El saco se empezó a resquebrajar.
Para ajustar la rentabilidad a los tiempos que vivimos, la CNMC se marcó dos objetivos: modificar el método de cálculo de la retribución y auditar qué es lo que realmente se está pagando. Se investigará si hay activos (redes) ya amortizadas por las empresas y por las que siguen cobrando una buena retribución.
Recordemos que todo el dinero que se inyecta a las compañías es dinero público. Dinero que pertenece a todos los españoles, los cuales debemos tener organismos que realmente lo administren en interés del bien común y no solamente en beneficio de una parte: los fondos extranjeros de inversión.
La conclusión no ha gustado a estos fondos buitre, verdaderos dueños de las grandes empresas afectadas, sólo interesados en una rentabilidad máxima y no en la rentabilidad “razonable” que ofrece la CNMC.
A partir de este momento, se activó toda su maquinaria bélica, quizás pre-bélica, para despreciar a la CNMC, recordemos un organismo público que defiende los intereses de los ciudadanos.
Los presidentes de las empresas afectadas, héroes del parqué bursátil, salieron en tromba a destrozar tales medidas esgrimiendo todo tipo de consideraciones, como siempre, con tintes de amenazas: el futuro del empleo, la caída de la bolsa, el previsible desplome de las inversiones extranjeras en España, la pérdida de dinero de los pequeños ahorradores, etc.…
Apareció también el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, corroborando esa lectura con frases como:
“Me parece una barbaridad”, “inestabilidad a los fondos y a los inversores que se quieran instalar en España”, “Los inversores de Naturgy son los españoles de a pie, y lo mismo digo de los de Red Eléctrica. Lo que no puede ser es que cada día a alguien se le ocurra algo. Tiene que haber previsibilidad y estabilidad en la regulación“.
Da una versión de la realidad demasiado distorsionada.
Da a entender que no es algo estudiado y auditado, siendo solo alucinaciones, pero recordemos algo al presidente de la CEOE:
Pese a que los pequeños ahorradores españoles serán penalizados, quizás la caída del precio de la luz lo compense.
Además, estos pequeños ahorradores españoles ni siquiera saben que tienen acciones de estas empresas: es a través de fondos de inversión que le endosaron sus bancos, porque los depósitos no dan rentabilidad.
Las entidades financieras comercializan infinidad de fondos, por lo que ya sería mala suerte que un cliente depositase su dinero en un fondo con exposición a las tres compañías de distribución. De todas formas,los fondos, sicavs y demás instrumentos de inversión han preferido ir desinvirtiendo en dichas compañías:
las tenencias españolas de acciones de Naturgy, Enagas y Red Eléctrica han pasado en dos años del 40,16% al 23,11%.
En lo que respecta a Naturgy, el señor Reynés, agresivo como siempre, el malote del patio, amenaza con ir hasta las últimas consecuencias y afirma que, a través del proceso de alegaciones abierto por la CNMV, en el que está trabajando de “forma prioritaria”, buscará “proteger los intereses de todos los ‘stakeholders’ de Nedgia, que cuenta entre sus accionistas de referencia con dos fondos de pensiones, uno alemán y otro canadiense (Allianz Capital Partners y Canada Pension Plan Investment Board)”.
Robará el bocadillo a quién sea, para dárselo al que sujeta su correa (CVC, GIP, ALBA, etc.)
Comenta también que tratará de asegurar que el nuevo marco regulatorio continúe “reconociendo un nivel razonable y predecible” (¿razonable para quién?) de la remuneración regulada en el largo plazo, tanto para las inversiones ya ejecutadas como para las futuras. Pero recordemos también al Señor Reynés algo: sólo invierten basados en una rentabilidad que sea la más suculenta para los inversores, sin importar las verdaderas necesidades y la calidad del servicio a sus clientes. Esa es su hoja de ruta.
Nosotros los empleados somos los que, al final, ejecutamos los trabajos de esas inversiones. Por tanto, sabemos la verdad: no se aceptan propuestas de inversión que mejorarían realmente la red eléctrica y la calidad del servicio, ejecutándose en su lugar y sin condiciones, trabajos de inversión de cifras altísimas sin utilidad real: instalación de telemandos en la red eléctrica indiscriminadamente, en muchos casos innecesarios. Reformas en centros de transformación (llamémosle ahora adecuación, pues es una palabra que impone el concepto de inversión y no de gasto) que realmente no necesitan una renovación, etc… Se dilapidan así los presupuestos de inversión de cada base, gastando cada último euro en las necesidades del accionista y no en las del cliente, del ciudadano, del bien común.
Pero en Naturgy también se desinvierte: la filial de Moldavia se vendió sin plusvalías.
Reynés está aquí para rentabilizar a sus accionistas: los fondos GIP y CVC: está vendiendo patrimonio y deshaciendo perímetro para convertirlo en liquidez que se pueda destinar a dividendos.
Sólo quedará el negocio regulado, que al estar garantizado no tiene riesgo, es simple y llanamente un bono garantizado con pago anual al inversor.
Todo lo que tenga valor es susceptible de hacer caja con ello. No hay interés en generar valor que no trabaje en pos del beneficio de los fondos buitres que hoy en día dirige el timón de la compañía.
También se achucharon otros perros, los sindicatos mayoritarios (USO, CCOO, SIE Y UGT), todos salieron en defensa de la empresa privada y sus buitres y contra un organismo que defiende el interés común. Se apresuraron a presionar a la CNMC y a publicar notas internas a los empleados de Naturgy, utilizando argumentos como la generación de empleo en un futuro. ¿A qué nos suenan esos argumentos? Recordémosles algo también: ellos mismos están firmando acuerdos para externalizar cientos de puestos de trabajo. Sumemos a ello todas las desvinculaciones, eufemismo que esconde el concepto de despido de mutuo acuerdo, que firman casi todos los empleados viendo la tormenta que se avecina.
Todo esto parece a un ERE encubierto, en el cual estos sindicatos miran hacia otro lado: se cifra en 3000 empleos la reducción de plantilla desde que llegó Reynés a la presidencia. Pero esos 3000 no son personas, sólo es grasa para el señor Reynés.
Es paradójico que, siendo los sindicatos agentes sociales, se conviertan en un lobby que trabaja en beneficio fondos de inversión privados.
No es una reducción de la plantilla, nos dicen, es un adelgazamiento. Pura eficiencia:
Naturgy acelera su plan de “eficiencia” bajo el ensordecedor silencio sindical.
¿Recuerdas el plan estratégico?, pues bien, el grupo ha acelerado su plan de eficiencias, que tiene un objetivo de 500 millones anuales de reducción de costes en 2022, y espera alcanzar en 2019 como mínimo 150 millones de euros, frente a la previsión inicial de 100 millones.
Los pocos compañeros que se incorporan a la plantilla están bajísimamente remunerados, gracias a la firma del último convenio por parte de los mismos sindicatos. Convenio que está a punto de expirar por otra parte.
Sumemos a la ecuación otra variable: los contratos acordados con las empresas contratistas están cada vez más rebajados, lo que provoca una drástica devaluación en la calidad de las condiciones laborales para toda una legión de trabajadores y trabajadoras de las empresas que trabajan para Naturgy.
A Naturgy no le hizo falta la CNMC, sus planes de destrucción de empleo, venta de patrimonio y desinversiones ya estaba en marcha mucho antes. Todo ello con el beneplácito, dado el silencio e incluso apoyo de los sindicatos mayoritarios.
En definitiva, estos sindicatos se han desenmascarado, han tenido que defender a sus señores sin rechistar. No les queda otra.
No creemos que se haya encontrado la solución perfecta por parte de la CNMC. Pero, todo lo que persiga un bien común, un reparto más equitativo de los recursos a todo el conjunto de ciudadanos y no sólo el enriquecimiento de una parte, los de siempre, es un terreno que hay que explorar.
La codicia de los fondos de inversión nos ha conducido a esta nueva situación.
No caeremos en la trampa de apoyar las egoístas exigencias de las grandes fortunas, los fondos buitre y la avaricia y el ego de los dirigentes de las grandes compañías, los cuales sólo buscan gloria personal y económica, dejando tras de sí un camino repleto de cadáveres de los más débiles de la sociedad.
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 